ACONCAGUA, Del espíritu del andinismo al negocio de la altura.

Aclaración: este artículo no es contra personas o empresas particulares. Lo más valioso es plantear una discusión sobre el modelo de montaña que se está construyendo y las responsabilidades que cada sector tiene en su futuro.

Las preguntas sobre posibles intereses cruzados y condiciones laborales se presentan como asuntos que requieren transparencia y verificación, no como acusaciones de irregularidades demostradas.

Hubo un tiempo en que Plaza de Mulas era, fundamentalmente, un lugar de encuentro entre montañistas. Un espacio inhóspito, al pie de la montaña más alta de América, donde las expediciones llegaban después de largas jornadas de aproximación, cargando buena parte de sus equipos y dependiendo de su experiencia, sus compañeros y su capacidad para desenvolverse en un ambiente hostil.

Las comodidades eran escasas, la infraestructura prácticamente inexistente y la permanencia en el lugar estaba determinada por las necesidades de la ascensión. La montaña imponía sus condiciones y quienes pretendían alcanzar su cumbre debían adaptarse a ellas.

Las mulas y los arrieros ya formaban parte de aquella historia. De hecho, dieron nombre al lugar. Pero su participación respondía principalmente a las necesidades de transporte de las expediciones, muy lejos de la compleja estructura comercial que caracteriza actualmente al Aconcagua.

Durante buena parte del siglo XX, Plaza de Mulas fue consolidándose como el principal campamento base de la Ruta Normal. Allí convivían expediciones nacionales y extranjeras, grupos de clubes de montaña, andinistas independientes y algunos servicios de apoyo que fueron apareciendo con el tiempo.

No era un mundo exento de problemas, ni necesariamente mejor en todos sus aspectos. Había accidentes, improvisación, prácticas ambientales deficientes y muchas menos posibilidades de comunicación y rescate que las actuales. Pero existía una diferencia sustancial: la actividad estaba organizada principalmente alrededor del montañismo, no de la industria turística que posteriormente se desarrollaría a su alrededor.

La creación del Parque Provincial Aconcagua en 1983 marcó un paso importante hacia la protección institucional del territorio. Sin embargo, con el crecimiento de las expediciones internacionales, especialmente desde las últimas décadas del siglo pasado, comenzó una transformación que modificaría profundamente la dinámica de Plaza de Mulas.

El aumento de visitantes trajo nuevas necesidades y oportunidades comerciales. Aparecieron servicios más organizados de transporte de cargas, campamentos equipados, alimentación, comunicaciones, asistencia y logística. Con los años, aquello que inicialmente era un apoyo para las expediciones se convirtió en una actividad económica de considerable magnitud.

Hoy, una persona puede contratar la logística de una expedición antes de llegar a Mendoza: traslados, permisos gestionados por intermediarios, transporte de equipos, carpas instaladas, comidas preparadas, guías y porteadores de altura. Se trata de servicios que, bien utilizados, contribuyen a la seguridad y permiten desarrollar la actividad con mayor organización.

Pero también modificaron la relación entre las personas y la montaña.

El Aconcagua pasó de recibir principalmente expediciones de montañistas a recibir también clientes de un mercado internacional de turismo de altura.

Y esa transformación merece ser analizada más allá de los beneficios económicos que genera.

Una pequeña ciudad comercial a 4.300 metros

Plaza de Mulas dejó de ser simplemente un campamento base. Durante la temporada se convierte en un importante centro logístico, con sectores ocupados por empresas, instalaciones de servicios, circulación de animales de carga, trabajadores, expedicionarios y operaciones de helicópteros.

Es necesario reconocer que parte de esta infraestructura resuelve problemas reales. La presencia de guardaparques, asistencia médica y patrullas de rescate, junto con mejores sistemas de comunicación y evacuación, representa un avance indiscutible respecto de otras épocas.

Sin embargo, la expansión de la actividad también generó una presión creciente sobre un ambiente extremadamente frágil.

El suelo de alta montaña tiene una recuperación lenta. La vegetación es escasa, las vegas altoandinas son especialmente vulnerables y los residuos, las aguas servidas y la materia fecal requieren procedimientos de retiro rigurosos. A esto se suman la alteración de los senderos, el tránsito reiterado de animales y el impacto de las operaciones aéreas.

No se trata de preocupaciones imaginarias ni de cuestionamientos formulados únicamente por ambientalistas. El propio Plan de Gestión y Uso Público del Parque Provincial Aconcagua identificó problemas ambientales en Plaza de Mulas y otros sectores, incluyendo deficiencias en el tratamiento de aguas, residuos, impactos sobre el suelo y contaminación asociada a los campamentos de altura.

Es decir, el Estado conoce desde hace años las consecuencias ambientales de la actividad.

La pregunta entonces no es solamente qué medidas se han establecido, sino cuáles se cumplen efectivamente, cómo se controlan y qué resultados verificables producen.

Porque una cosa es redactar reglamentos ambientales y otra muy distinta garantizar su cumplimiento cuando existen importantes intereses económicos en juego.

Prestadores, Estado y el negocio de la montaña

El crecimiento del turismo de altura consolidó un conjunto de empresas que ofrecen servicios indispensables para muchas expediciones. Algunas cuentan con décadas de experiencia, infraestructura importante y personal altamente capacitado. Su participación no debe considerarse negativa por sí misma: generan empleo, aportan conocimientos y permiten organizar operaciones complejas.

El problema aparece cuando la actividad económica comienza a condicionar las decisiones sobre el uso de un área natural protegida.

Las empresas necesitan clientes, espacio para instalarse, animales para transportar cargas y condiciones operativas que permitan sostener su rentabilidad. El Gobierno de Mendoza, por su parte, administra el parque, cobra permisos y cánones, regula a los prestadores y busca posicionar al Aconcagua como un destino turístico internacional.

Ambos tienen intereses económicos legítimos, pero no necesariamente coincidentes con la conservación.

Allí aparece una contradicción fundamental: la misma administración que promueve el crecimiento turístico debe establecer los límites de ese crecimiento y controlar a quienes obtienen beneficios económicos de la explotación comercial del espacio.

Esto no demuestra por sí mismo la existencia de irregularidades ni de acuerdos indebidos. Pero sí plantea una situación que exige transparencia, independencia técnica y mecanismos de fiscalización capaces de resistir presiones comerciales y políticas.

¿Quién determina cuántas personas puede soportar ambientalmente Plaza de Mulas? ¿Con qué estudios actualizados se establecen esos límites? ¿Qué peso tienen las recomendaciones de los especialistas y guardaparques cuando entran en conflicto con las necesidades de las empresas? ¿Cuánta información pública existe sobre las inspecciones, infracciones y sanciones?

Estas preguntas deberían ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el futuro del Aconcagua.

Los porteadores: el trabajo detrás de las expediciones

Uno de los aspectos menos visibles del turismo de altura es el trabajo de los porteadores.

Mientras las empresas comercializan expediciones y los clientes persiguen sus objetivos deportivos, los porteadores transportan equipos, alimentos, combustible y distintos materiales entre los campamentos de altura. Realizan un trabajo físicamente exigente, sometido a las condiciones extremas de la montaña y fundamental para el funcionamiento de numerosas expediciones comerciales.

Su presencia permite que muchos andinistas asciendan con cargas considerablemente menores y que los campamentos cuenten con suministros suficientes.

Pero el desarrollo de esta actividad también plantea interrogantes laborales.

¿Cómo se establecen las remuneraciones? ¿Qué cobertura tienen ante accidentes? ¿Quién responde cuando un trabajador enferma o debe ser evacuado? ¿Qué posibilidades reales tienen de negociar sus condiciones frente a las empresas que concentran la contratación de los servicios?

La normativa provincial exige documentación del personal, seguros y habilitaciones. Sin embargo, la existencia de estos requisitos no reemplaza la necesidad de controles efectivos sobre las condiciones de trabajo.

Los porteadores no deberían ser considerados simplemente una pieza más de la logística comercial. Son trabajadores de montaña cuya experiencia y esfuerzo contribuyen directamente a sostener una actividad que genera ingresos para otros actores.

También sería importante conocer cuánto del valor que paga un cliente por una expedición termina efectivamente en manos de quienes realizan las tareas más exigentes.

No se trata de enfrentar a porteadores y empresas, sino de discutir si los beneficios del turismo de altura se distribuyen de manera razonable entre quienes participan de la actividad.

Las mulas, los arrieros y una presión ambiental difícil de ignorar

El transporte mediante animales de carga forma parte de la historia del Aconcagua desde mucho antes de la aparición del turismo organizado. Su utilización permitió durante décadas abastecer expediciones y mantener viva una tradición de arriería profundamente relacionada con la cordillera.

Sin embargo, la escala actual de las operaciones plantea desafíos distintos.

Según información publicada por el Gobierno de Mendoza, durante la temporada 2025-2026 se registraron 9.434 ingresos de mulas al parque. Se trata de movimientos contabilizados, no necesariamente de esa cantidad de animales diferentes.

El dato permite dimensionar la magnitud del sistema logístico.

Los animales atraviesan repetidamente senderos y sectores de vegetación frágil. El pisoteo, la erosión y la presión sobre las vegas altoandinas constituyen problemas reconocidos desde hace años por los propios organismos de gestión del parque.

El bienestar animal representa otra preocupación. Las condiciones de carga, alimentación, descanso y atención veterinaria deben ser controladas rigurosamente. Las denuncias realizadas por organizaciones como la Fundación Cullunche, y las respuestas oficiales del Gobierno provincial, demuestran que el tema ha generado controversias concretas.

La solución no pasa necesariamente por eliminar la arriería ni por reemplazar indiscriminadamente a los animales mediante helicópteros, que también producen impactos ambientales.

Pasa por establecer límites basados en estudios, controlar las cargas, proteger los sectores vulnerables y reconocer que una actividad tradicional puede transformarse en un problema cuando se intensifica sin un ordenamiento adecuado.

Los organismos de control y la conservación del parque

La responsabilidad sobre el Aconcagua no corresponde exclusivamente a quienes lo visitan o trabajan allí.

La administración provincial, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, los guardaparques, los organismos técnicos, las instituciones científicas y las organizaciones ambientales tienen diferentes responsabilidades y posibilidades de intervención en su conservación.

Los guardaparques cumplen un papel fundamental. Son quienes conocen el territorio, observan su evolución y participan directamente del control cotidiano de las actividades. Pero su trabajo necesita respaldo institucional, recursos suficientes y autoridad efectiva para intervenir cuando se incumplen las normas.

Instituciones científicas como el IANIGLA y el IADIZA pueden aportar información sobre glaciares, ambiente altoandino y procesos ecológicos, indispensable para orientar decisiones de manejo.

Por su parte, las organizaciones ambientales y de montaña pueden contribuir mediante observación independiente, propuestas y participación pública.

El problema surge cuando la conservación queda subordinada a las necesidades operativas o comerciales de cada temporada.

Un área protegida no debería funcionar bajo la premisa de admitir toda la actividad que el mercado sea capaz de generar y luego intentar reducir sus consecuencias ambientales.

El criterio tendría que ser exactamente el inverso: determinar primero cuánto uso puede tolerar el ecosistema y organizar después las actividades dentro de esos límites.

Esto obliga a discutir la capacidad de carga ambiental de Plaza de Mulas, la ubicación y extensión de las instalaciones, los sistemas de evacuación de residuos, la circulación de animales, el uso de helicópteros y la recuperación de sectores deteriorados.

También exige publicar periódicamente resultados de monitoreos ambientales que permitan evaluar si las medidas adoptadas funcionan o si solamente sirven para justificar la continuidad de las operaciones.

Un debate que sigue abierto

En 2026, el Gobierno de Mendoza impulsó un nuevo proceso de concesión de servicios en el Parque Provincial Aconcagua, presentado oficialmente como una iniciativa destinada a mejorar la organización, la sostenibilidad y la calidad de los servicios turísticos.

El procedimiento convocó a empresas interesadas en participar del nuevo esquema y abrió otra etapa de discusión sobre la administración comercial del parque.

La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: ¿debe medirse el éxito de la gestión del Aconcagua por la cantidad de visitantes, la calidad de los servicios y los ingresos que genera, o principalmente por su capacidad de conservar el ambiente que justifica su condición de área protegida?

Ambos objetivos pueden coexistir, pero solamente si la actividad económica acepta límites claros.

La mejora de infraestructura no debería utilizarse como argumento para aumentar indefinidamente la cantidad de visitantes. Tampoco la profesionalización de los servicios debería convertirse en una forma de desplazar al montañista independiente o concentrar el aprovechamiento comercial del parque en unos pocos operadores.

El Aconcagua es un patrimonio natural, deportivo, cultural e histórico. Su importancia trasciende ampliamente a las empresas que trabajan en él y a los gobiernos que temporalmente lo administran.

¿Qué quedó de aquella Plaza de Mulas?

Resultaría injusto afirmar que el espíritu del montañismo desapareció del Aconcagua. Continúan llegando personas que encuentran en la montaña un espacio de aprendizaje, compañerismo, superación y contacto profundo con la naturaleza.

También sería equivocado idealizar el pasado. Las antiguas expediciones no estaban exentas de impactos ambientales ni de comportamientos irresponsables.

La diferencia es que actualmente existe mayor conocimiento científico, tecnología, recursos económicos y capacidad institucional para prevenir muchos de esos daños.

Y, por lo tanto, también existe una responsabilidad mucho mayor.

Plaza de Mulas no necesita regresar a una época sin servicios médicos, comunicaciones o sistemas de rescate. Necesita recuperar una idea esencial: la montaña es el motivo por el cual existe toda esta actividad y su conservación debe estar por encima de cualquier interés particular.

Las empresas tienen derecho a desarrollar negocios legítimos, los porteadores y arrieros a trabajar en condiciones dignas, los montañistas a acceder al territorio y el Gobierno de Mendoza a organizar el uso público del parque.

Pero ninguno de esos derechos debería ejercerse a costa de comprometer aquello que todos utilizan.

El desafío no consiste en elegir entre montañismo y turismo, ni entre conservación y desarrollo económico. Consiste en establecer hasta dónde puede crecer la actividad sin destruir progresivamente las condiciones naturales que la hacen posible.

Porque, después de todo, el Aconcagua no necesita más clientes, más campamentos ni más infraestructura para seguir siendo una montaña extraordinaria.

Somos nosotros quienes necesitamos que siga siéndolo.

Y quizás esa sea la reflexión que debería orientar el futuro de Plaza de Mulas: no cuánto dinero puede generar la montaña, sino cuánto estamos dispuesto a hacer para conservarla.

Fuentes documentales principales

Las principales fuentes consultadas son el Plan de Gestión y Uso Público del Parque Provincial Aconcagua I y II, la normativa provincial de la temporada 2025-2026, los informes oficiales sobre bienestar animal y los documentos de la licitación de servicios de 2026.